El Tribunal Constitucional (TC) en su reciente sentencia del 4 de noviembre de 2024, ha tomado una decisión histórica que permite a las personas afectadas por la lentitud de la justicia reclamar una indemnización al Estado. Hasta ahora, era necesario presentar un recurso de amparo, un proceso largo y costoso. Con esta sentencia, se abre la posibilidad de solicitar una indemnización por el daño causado a través del procedimiento de responsabilidad patrimonial sin necesidad de recurrir en amparo. En este artículo, te explicamos qué significa este cambio y cómo puede beneficiar a las personas que padecen la lentitud de nuestro sistema judicial.
Contenido
- 1 ¿Qué es el derecho a la tutela judicial efectiva y por qué es tan importante?
- 2 La responsabilidad patrimonial del Estado por el mal funcionamiento de la justicia
- 3 ¿Qué es el recurso de amparo y por qué ya no será necesario en estos casos?
- 4 ¿Qué ha motivado este cambio en el Tribunal Constitucional?
- 5 ¿Qué significa esta sentencia para las personas afectadas?
- 6 Un paso adelante en la protección del derecho a una justicia sin dilaciones
¿Qué es el derecho a la tutela judicial efectiva y por qué es tan importante?
El derecho a la tutela judicial efectiva está protegido por la Constitución Española, específicamente en el artículo 24, que establece que todas las personas tienen derecho a obtener una resolución fundada en derecho por parte de los tribunales, sin sufrir dilaciones indebidas. Esto significa que, en un proceso judicial, se debe garantizar una resolución en un tiempo razonable; de lo contrario, se produce una vulneración de este derecho.
La dilación indebida —es decir, la espera excesiva— afecta directamente a la justicia, ya que “justicia tardía no es justicia”. Este principio fundamental se recoge en diversas sentencias del Tribunal Constitucional y también en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que exige que los Estados miembros, como España, garanticen un juicio dentro de un plazo razonable.
La responsabilidad patrimonial del Estado por el mal funcionamiento de la justicia
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), en su artículo 292 y ss., establece que el Estado debe responder por los daños que se deriven de errores judiciales o de un funcionamiento anormal de la administración de justicia. Este principio de responsabilidad patrimonial significa que el Estado debe compensar económicamente a los afectados cuando la justicia no actúa de acuerdo a sus obligaciones. Se considera que un retraso grave es un funcionamiento anormal de la justicia.
Hasta ahora, para obtener una indemnización por dilaciones indebidas, era necesario agotar todas las instancias judiciales ordinarias y luego presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta vía es exigente, lenta y compleja. Pero la reciente sentencia del TC cambia esta realidad.
¿Qué es el recurso de amparo y por qué ya no será necesario en estos casos?
El recurso de amparo es un mecanismo de protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, regulado en los artículos 41 a 58 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En el contexto de la justicia tardía, quienes consideraban que su derecho a la tutela judicial efectiva había sido vulnerado podían presentar un recurso de amparo ante TC, solicitando que se reconociera el daño y se tomaran medidas para subsanarlo. No obstante, como ya se ha mencionado, este proceso exige el agotamiento previo de todas las instancias judiciales, lo que convierte el recurso en un camino largo y complicado.
Con la nueva sentencia, el TC establece que no será necesario presentar este recurso de amparo para solicitar una indemnización al Estado por la lentitud de la justicia. En su lugar, las personas afectadas podrán acudir directamente a una reclamación de responsabilidad patrimonial, sin necesidad de recorrer todas las instancias. Esto supone una simplificación importante y un ahorro de tiempo y recursos para los ciudadanos.
¿Qué ha motivado este cambio en el Tribunal Constitucional?
Esta sentencia se basa en el caso de una mujer que, tras serle denegada la renta activa de inserción por la Seguridad Social, presentó una demanda para impugnar esta decisión, por considerar que reunía todos los requisitos exigidos. La demanda se presentó en mayo de 2022 y el Juzgado de lo Social n.º 8 de Sevilla señaló la fecha del juicio para octubre de 2025, es decir con un plazo de más de tres años. Esta demora, que no se debe a la complejidad del caso sino a problemas estructurales del sistema judicial, ha llevado al Tribunal Constitucional a reconsiderar la necesidad del recurso de amparo.
La sentencia, dictada por la magistrada Concepción Espejel, reconoce que las dilaciones causadas por problemas estructurales en la administración de justicia no pueden ser achacadas a los jueces individualmente, pero sí constituyen un mal funcionamiento del sistema. El tribunal argumenta que, cuando se producen estos retrasos excesivos sin una causa justificada, el daño ocasionado debe ser reparado mediante una indemnización.
¿Qué significa esta sentencia para las personas afectadas?
Este fallo ofrece una vía alternativa para quienes sufren por la lentitud de la justicia, permitiéndoles reclamar una indemnización sin tener que recurrir al recurso de amparo. En términos prácticos, esto significa que:
- Las personas afectadas por retrasos judiciales prolongados pueden solicitar una indemnización al Estado directamente, por el mal funcionamiento del sistema judicial.
- Esta vía de reclamación es mucho más accesible y rápida, ya que no requiere agotar las instancias judiciales ordinarias ni, posteriormente, presentar un recurso de amparo.
- Abre una oportunidad para compensar económicamente el daño que sufren quienes deben esperar años para la resolución de un juicio.
Un paso adelante en la protección del derecho a una justicia sin dilaciones
La decisión del Tribunal Constitucional marca un antes y un después en la protección de los derechos de las personas afectadas por la lentitud de la justicia. Al permitir reclamar una indemnización de forma directa, sin el engorroso y lento proceso de presentar un recurso de amparo, se facilita que quienes sufren por las demoras excesivas puedan obtener una compensación justa y efectiva.
Esta sentencia es una llamada de atención al Estado para que mejore la eficiencia del sistema judicial y subraya que la justicia debe ser rápida y accesible para que realmente cumpla su función. Como señala el TC, “la justicia tardía no es justicia”, y ahora, gracias a este fallo, aquellos que padecen su lentitud tienen una herramienta más para defender sus derechos.
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