El desamparo de menores es una figura jurídica que tiene como objetivo salvaguardar el bienestar de los niños y adolescentes cuando sus padres, tutores o guardadores no cumplen, no pueden cumplir o ejercen inadecuadamente los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores. A continuación, explicaremos qué es el desamparo, las situaciones que pueden dar lugar a él, el procedimiento para su declaración y las consecuencias que implica.
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¿Qué es el desamparo?
El desamparo se define en el artículo 172 del Código Civil español como la situación que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. Esto puede suceder porque sus progenitores o tutores legales no cumplen adecuadamente con los deberes propios a la patria potestad o tutela, ya sea por razones voluntarias, involuntarias o derivadas de circunstancias externas.
Esta figura legal se desarrolla en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, que establece que cuando un menor se encuentra en esta situación, la entidad pública competente en materia de protección de menores de la comunidad autónoma donde reside debe intervenir para garantizar la protección del niño.
Situaciones que pueden dar lugar al desamparo
La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, introdujo por primera vez en una norma estatal las circunstancias que determinan el desamparo. Algunas de las situaciones más comunes incluyen:
- Abandono: Cuando los padres o tutores abandonan al menor, ya sea:
- Físico: Dejándolo solo en algún lugar o en compañía de terceros sin los cuidados adecuados.
- Moral: Desentendiéndose de sus responsabilidades.
- Maltrato físico o psicológico: Cualquier tipo de abuso, ya sea por acción u omisión, que ponga en peligro la integridad del menor.
- Negligencia grave: La falta de atención a las necesidades básicas del menor, como alimentación, higiene, educación o asistencia sanitaria.
- Inducción a la mendicidad, delincuencia o prostitución.
- Ausencia de escolarización o falta de asistencia reiterada al centro educativo.
- Ambiente familiar inadecuado: Cuando el entorno en el que vive el menor es perjudicial para su bienestar. Esto puede incluir situaciones de violencia doméstica, drogadicción o alcoholismo de los padres o de las personas que conviven en el hogar.
- Imposibilidad de cuidado: Cuando los responsables legales no pueden hacerse cargo del menor debido a enfermedades, problemas psicológicos o sociales.
Diferencias con la situación de riesgo
Es importante distinguir el desamparo de las situaciones de riesgo, reguladas en el artículo 17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
La principal diferencia entre la situación de riesgo y el desamparo radica en la gravedad de las circunstancias y el nivel de intervención requerida:
- Gravedad:
- En la situación de riesgo, existe un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar.
- El desamparo implica una situación de hecho donde al menor le faltan los elementos básicos para su desarrollo integral, requiriendo la separación del núcleo familiar.
- Intervención:
- En casos de riesgo, la intervención se limita a intentar eliminar los factores de riesgo dentro de la institución familiar. Los servicios sociales de la Administración local son responsables de intervenir y tomar medidas adecuadas.
- En situaciones de desamparo, la entidad pública autonómica a través de delegaciones provinciales, asume la tutela del menor y se suspende la patria potestad o tutela ordinaria.
- Competencia:
- La situación de riesgo es competencia de la Administración local.
- El desamparo es declarado por la entidad pública de la Comunidad Autónoma correspondiente, normalmente la Consejería de Bienestar Social.
- Objetivo:
- En situaciones de riesgo, el objetivo es prevenir y apoyar a la familia sin separar al menor de su entorno.
- En casos de desamparo, se busca proteger al menor mediante medidas más enérgicas, incluyendo la separación del entorno familiar.
¿Cómo se desencadena el procedimiento de declaración de desamparo?
El procedimiento para la declaración de desamparo puede iniciarse de varias maneras:
- Denuncia: Cualquier persona o institución que tenga conocimiento de una situación de desamparo puede y debe denunciarlo ante los servicios sociales, como establece el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Esto incluye a familiares, vecinos, colegios, servicios médicos, entre otros.
- Intervención de oficio: Los servicios sociales pueden iniciar una investigación de oficio si tienen indicios de que un menor está en situación de desamparo.
- Actuación policial: En casos de emergencia, la policía puede intervenir y poner al menor bajo la protección de los servicios sociales
Procedimiento
El procedimiento para declarar el desamparo de un menor está diseñado para actuar con rapidez y garantizar su protección inmediata.
- Investigación preliminar: Los servicios sociales realizan una investigación para confirmar la situación del menor. Esto puede incluir entrevistas con el menor, los padres, familiares, y la recopilación de informes médicos y escolares.
- Informe técnico: Tras la investigación, los servicios sociales elaboran un informe técnico que recoge toda la información recopilada y las conclusiones sobre la situación del menor.
- Resolución administrativa: Con base en el informe técnico, la administración competente (generalmente la Consejería de Bienestar Social de la comunidad autónoma) emite una resolución declarando el desamparo del menor. Esta resolución debe ser notificada a los padres o tutores.
- Medidas de protección: Una vez declarado el desamparo, se adoptan medidas de protección para garantizar el bienestar del menor. Esto puede incluir la acogida en un centro de menores, en una familia de acogida o en un hogar de guarda temporal.
- Recurso judicial: Los padres o tutores pueden impugnar la resolución administrativa ante los tribunales. El juez revisará el caso y decidirá si confirma o revoca la declaración de desamparo.
Consecuencias de la declaración de desamparo
La declaración de desamparo tiene importantes implicaciones tanto para el menor como para su entorno familiar:
- Pérdida de la patria potestad: Los progenitores dejan de ejercer los derechos y deberes inherentes a la patria potestad. Esta pasa a la entidad pública competente.
- Colocación en un entorno seguro: El menor puede ser acogido por familias o instituciones especializadas que garantizan su protección y bienestar.
- Vinculación con la familia de origen: Aunque el menor esté bajo la tutela de la entidad pública, se intentará, siempre que sea posible, trabajar con la familia para lograr la reintegración familiar . Esto dependerá de si las circunstancias que dieron lugar al desamparo mejoran y de si ello resulta beneficioso para el menor.
- Intervención psicosocial: Tanto el menor como su familia pueden recibir apoyo psicosocial para abordar las causas del desamparo y facilitar, si es viable, la reunificación familiar.
- Posibilidad de adopción: En casos extremos, la entidad pública puede proponer la adopción del menor cuando exista un pronóstico fundado de imposibilidad definitiva de retorno a la familia de origen
Queda claro que el desamparo es una medida extrema que busca garantizar los derechos de los menores y protegerlos cuando su entorno familiar no puede hacerlo. Aunque supone una ruptura dolorosa con la familia de origen, el objetivo final siempre es priorizar el bienestar del niño.
La declaración de desamparo no es definitiva. Los progenitores tienen derecho a recurrir y, si logran superar las dificultades que originaron esta situación, pueden recuperar la patria potestad. Sin embargo, para evitar llegar a este punto, es fundamental el trabajo preventivo y de apoyo a las familias en riesgo, asegurando que cuenten con los recursos necesarios para criar y proteger a sus hijos.
En este ámbito, los profesionales del derecho juegan un papel esencial, tanto en la defensa de los derechos de los menores como en el asesoramiento a las familias que atraviesan dificultades, garantizando que el procedimiento sea justo y transparente.
Si este tema te dejó con preguntas, estaré encantada de ayudarte. ¡No dudes en contactarme! Resolver problemas legales es mi especialidad… y evitar que lleguen a ser problemas también.