Como norma general, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aguarda a que el Tribunal Supremo defina su criterio antes de proceder. Esto se debe a que el Supremo, al ser el máximo órgano de la justicia ordinaria, establece las directrices para los demás tribunales, ya que revisa en casación las resoluciones que se le recurren.
Sin embargo, en un ejemplo más de la anormalidad que rodea a la ley de amnistía, el TSJC emitió una resolución el 25 de junio de 2024 aplicando la Ley de Amnistía para amnistiar al ex consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, quien contrató como asesor del Departamento de Interior a un mosso que realizó labores de escolta para el expresidente Carles Puigdemont en el extranjero.
Esta decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha abierto un nuevo frente en la batalla legal por el 1-O y ha puesto de relieve la disparidad de criterios frente al Tribunal Supremo.
El TSJC: apostando por una interpretación amplia de la amnistía
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha concedido la amnistía por el delito de malversación a algunos líderes independentistas, en contra de la postura adoptada por el Tribunal Supremo y en contra de la Fiscalía del propio TSJC.
El TSJC argumenta que la ley de amnistía aprobada por el Parlament de Catalunya sí cubre la malversación vinculada a la organización del referéndum del 1-O, siempre que no haya existido un «propósito de enriquecimiento». En su opinión, destinar fondos públicos a la consulta independentista no persigue un beneficio personal, sino un objetivo político.
El Supremo: cautela y dudas sobre la malversación
Por su parte, el Supremo sostiene que no todos los tipos de malversación pueden ser amnistiados.
El juez Pablo Llarena, instructor de la causa, declaró no amnistiado este delito para Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y los líderes condenados como Oriol Junqueras. Señala que la amnistía no aplica cuando se trata de la apropiación de fondos públicos con el propósito de obtener un beneficio personal, y considera que el uso de fondos públicos para fines ilícitos sí que implica un beneficio personal. Sin embargo, también ha indicado el alto tribunal, que se permite la amnistía cuando el beneficio de carácter patrimonial redunde a favor de un tercero. Luego, tal y como acontece con la amnistía que recientemente el TSJC concedió a Miquel Buch, quien desviaba dinero público para pagar a un tercero por la protección de otra persona también ajena a la defraudación, deberá considerarse correcto.
Discrepancias en la interpretación
El TSJC decidió aplicar la amnistía sin esperar a que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre el tema, lo cual es inusual y ha sorprendido al alto tribunal. Además, el TSJC no planteó una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, a pesar de que existe una significativa duda en la sociedad española sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía.
Enriquecimiento personal: El quid de la cuestión
El principal punto de disputa en torno a la malversación y la amnistía es la definición de «enriquecimiento personal». La ley de amnistía establece que se considerarán comprendidos en la amnistía los actos de malversación siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento personal, es decir, sí estaría permitida la concesión de gracia cuando el beneficio de carácter patrimonial redunde a favor de un tercero. El TSJC ha interpretado que, en el caso de Buch, no hubo propósito de enriquecimiento personal, ya que el dinero se usó para pagar un escolta para Puigdemont, lo cual no constituye un beneficio personal directo para Buch.
Futuro de la resolución
Pese a todo, es poco probable que el Tribunal Supremo revise la sentencia de Buch, dado que la Fiscalía General del Estado ha desautorizado a la Fiscalía catalana, la cual había anunciado la intención de impugnar la aplicación de la amnistía en este caso. Esto significa que la decisión del TSJC probablemente permanecerá sin cambios, consolidando una interpretación más flexible de la ley de amnistía en lo que respecta a la malversación.
La discrepancia entre los tribunales evidencia la necesidad de un debate más amplio y unificado sobre cómo aplicar la amnistía, asegurando que se respete tanto la legalidad como los principios de justicia y equidad en un contexto político y social altamente sensible.