La okupación en España

El magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, ha abordado de manera exhaustiva el problema de la okupación (o usurpación ilegal de vivienda) en España a través de su reciente publicación «Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble». Este manual, eminentemente práctico, está dirigido a las víctimas de la okupación, sus abogados y las fuerzas de seguridad, proporcionando herramientas concretas para enfrentar este fenómeno que, según Magro, es una problemática casi exclusiva de España en el entorno europeo. A diferencia de otros países europeos como Italia, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, donde los casos de okupación se resuelven en 72 horas, en España los procesos legales pueden extenderse durante años, fomentando un sentimiento de impunidad y afectando anualmente a miles de personas.

El contexto del problema de la okupación

La okupación ilegal de viviendas es un problema creciente en España. Este fenómeno no solo afecta a los propietarios de los inmuebles, sino que también tiene repercusiones sociales y económicas significativas. Vicente Magro, magistrado del Tribunal Supremo, ha sido una de las voces más destacadas en el debate sobre cómo abordar esta cuestión desde un punto de vista jurídico. En su libro «Cómo afrontar jurídicamente la ocupación ilegal de un inmueble», Magro ofrece un análisis detallado y propone soluciones prácticas para enfrentar este problema.

El contexto de la okupación ilegal en España es único en comparación con otros países europeos. Mientras que en Italia, Francia, Alemania, Holanda y Bélgica los casos de okupación se resuelven rápidamente, en España los procedimientos pueden durar años. Esta dilación no solo agrava la situación de los propietarios, sino que también incentiva a más personas a okupar ilegalmente propiedades, al percibir una falta de consecuencias inmediatas.

En España, se registran alrededor de 40 okupaciones al día, lo que suma aproximadamente 16.000 casos al año. Esta cifra refleja la gravedad del problema y la necesidad urgente de implementar medidas efectivas. Además, el fenómeno no se limita a la okupación violenta de propiedades (okupa de patada en la puerta), sino que también incluye casos de «inquiokupación», donde los inquilinos dejan de pagar el alquiler y se niegan a abandonar la vivienda.

Diferentes tipos de okupación

Magro distingue entre dos tipos principales de okupas:

• El okupa de patada en la puerta: Este tipo de okupación implica la entrada forzada en una propiedad vacía. Los okupas de este tipo suelen actuar con rapidez y violencia, aprovechando la ausencia temporal de los propietarios para cambiar las cerraduras y tomar posesión del inmueble.
• El inquiokupa: Este tipo de okupación es más sutil y se produce cuando una persona alquila una vivienda, paga inicialmente el alquiler, pero luego deja de hacerlo y se niega a abandonar la propiedad. Este tipo de okupación es particularmente problemático porque se suele tratar como un simple impago de renta, llevado por la vía civil, lo que no suele reflejarse en las estadísticas oficiales como okupación de vivienda.

El magistrado subraya que ambos tipos de okupación tienen un impacto negativo significativo en los propietarios. En el caso de los inquiokupas, la situación es aún más compleja porque las leyes actuales no siempre permiten una respuesta rápida y efectiva.

Propuestas para enfrentar la okupación

El magistrado propone un enfoque más severo hacia los inquiokupas, sugiriendo que si el inquilino tenía la intención de incumplir el contrato desde el principio, esto debería ser considerado como una estafa penal, permitiendo a los propietarios solicitar medidas cautelares como la expulsión inmediata. Además, Magro critica los informes de vulnerabilidad que deben solicitarse antes de poder sacar a los okupas de una vivienda, ya que paralizan los desahucios sin conseguir, en la mayoría de los casos, una adecuada verificación de la situación de los okupas. Sostiene que estos informes deben ser rigurosamente investigados para evitar su uso fraudulento.

En su libro, Magro también propone que las denuncias por okupación ilegal incluyan pruebas claras de la intención delictiva del inquilino. Esto no solo permitiría acelerar el proceso de desalojo, sino que también enviaría un mensaje claro de que la okupación ilegal no será tolerada. Además, el magistrado aboga por la creación de tribunales especializados en casos de okupación para garantizar una resolución más rápida y eficaz.

Necesidad de una Legislación Integral sobre okupación

Magro hace un llamado a la implementación de una Ley Integral del fenómeno de la okupación que proporcione seguridad jurídica tanto a los propietarios como a los inquilinos. Esta ley debería obligar a las administraciones a ofrecer alternativas habitacionales a los okupas vulnerables dentro de un plazo definido, algo que actualmente no está estipulado, provocando largos períodos de okupación ilegal.

Una Ley Integral debe incluir medidas específicas para proteger a los propietarios de la okupación ilegal. Esto debería incluir:

• La creación de un registro nacional de okupas.
• La implementación de penas más severas para aquellos que okupan ilegalmente propiedades.
• La obligación de las autoridades locales de proporcionar asistencia a los propietarios afectados.
• Además, la ley debería establecer procedimientos claros y rápidos para el desalojo de okupas y la recuperación de la propiedad.

El magistrado también destaca la importancia de una política de vivienda que equilibre los derechos de los arrendadores y los arrendatarios. La legislación actual, que otorga una protección excesiva a los inquilinos, está desincentivando la inversión en el mercado inmobiliario y elevando los precios de alquiler. Magro advierte que esto podría tener consecuencias a largo plazo, dificultando aún más el acceso a la vivienda para los ciudadanos.

Soluciones y medidas prácticas contra la okupación

A falta de una Ley, Magro destaca la importancia de desarrollar protocolos de autoprotección en las comunidades de vecinos y clarificar la legislación para que las fuerzas de seguridad sepan cómo actuar en casos de delitos flagrantes de okupación. Por ejemplo, la policía debe estar capacitada para desalojar a los okupas sin necesidad de autorización judicial cuando se detecta un delito flagrante, aunque la definición de flagrancia aún necesita una clarificación legislativa.

Magro sugiere que los propietarios instalen sistemas de seguridad avanzados, como cámaras de vigilancia y alarmas conectadas a servicios de respuesta rápida. Estos sistemas no solo disuadirán a los posibles okupas, sino que también proporcionarán pruebas claras en caso de que se produzca una okupación. Además, recomienda que los vecinos estén atentos y reporten cualquier actividad sospechosa a las autoridades de inmediato.

Para los casos de inquiokupación, Magro propone que los contratos de arrendamiento incluyan cláusulas específicas que permitan a los propietarios actuar rápidamente en caso de impago. Estas cláusulas podrían incluir la obligación del inquilino de depositar una fianza adicional que se utilice para cubrir el alquiler en caso de incumplimiento. También sugiere que los propietarios realicen verificaciones exhaustivas de antecedentes de los inquilinos antes de firmar el contrato de arrendamiento.

Estrategias de los okupas y respuestas policiales

Magro señala técnicas utilizadas por los okupas, como la «técnica del Telepizza», donde se usan tickets de comida para simular una estancia prolongada en la vivienda. Sugiere que las fuerzas de seguridad deben buscar contrapruebas, como registros de alarmas de seguridad o testimonios de vecinos, para contrarrestar estas tácticas y actuar con mayor eficacia.

El magistrado también subraya la importancia de la formación continua para las fuerzas de seguridad. Los agentes deben estar al tanto de las últimas técnicas utilizadas por los okupas y saber cómo responder de manera efectiva. Además, Magro recomienda que las fuerzas de seguridad trabajen en estrecha colaboración con los servicios sociales y las autoridades locales para garantizar que los okupas vulnerables reciban el apoyo necesario sin comprometer los derechos de los propietarios.

Impacto económico y social de la okupación

El magistrado advierte que la actual Ley de Vivienda, que otorga una protección excesiva a los inquilinos, está disuadiendo la inversión en el mercado inmobiliario y elevando los precios de alquiler. Esto se debe a que los propietarios, buscando protegerse de posibles okupas, incrementan los precios y se vuelven más selectivos con los inquilinos. Para Magro, es fundamental devolver la confianza a los inversores y garantizar que aquellos que desean alquilar de manera honesta puedan hacerlo sin temor a enfrentarse a okupaciones ilegales.

Magro señala que la falta de una legislación clara y eficaz sobre la okupación ilegal está teniendo un impacto negativo en la economía. Los inversores son reacios a invertir en propiedades de alquiler debido al riesgo de enfrentarse a procesos largos y costosos para desalojar a los okupas. Esto no solo afecta a los propietarios individuales, sino que también tiene un efecto dominó en el mercado inmobiliario en general, reduciendo la oferta de viviendas de alquiler y aumentando los precios.

Además, la okupación ilegal también tiene un costo social. Las propiedades okupadas a menudo se deterioran, lo que afecta la calidad de vida de los vecinos y puede llevar a un aumento de la delincuencia en la zona. Los propietarios que no pueden recuperar sus propiedades a menudo se enfrentan a dificultades financieras significativas, lo que a su vez puede tener un impacto negativo en la economía local.

Resumen esquemático

Existen dos tipos principales de okupación

1. Okupa de patada en la puerta:

• Entrada forzada en una propiedad vacía.
• Suelen actuar con rapidez y violencia.
• Cambian las cerraduras y toman posesión del inmueble.

2. Inquilino-okupa:

• Se trata de una ocupación más sutil.
• Alquilan una vivienda, pagan inicialmente el alquiler y luego dejan de hacerlo.
• Se niegan a abandonar la propiedad.
• Es problemático, porque se trata como un impago de renta, no como okupación.

Problemas de la Legislación sobre Okupación

• La actual legislación protege excesivamente al inquilino, dejando desamparado al propietario.
• Esto tiene un impacto Negativo en la Economía porque provoca:
  • Inversores reacios a invertir.
  • Procesos largos y costosos para desalojar okupas.
  • Reducción de oferta de viviendas de alquiler.
  • Aumento de precios de alquiler.
• También conlleva costos Sociales:
  • Se suele producir un grave deterioro de las propiedades okupadas.
  • Afecta negativamente a la calidad de vida de los vecinos y a su tranquilidad.
  • Potencial aumento de la delincuencia.
  • Provoca, en muchas ocasiones, dificultades financieras para propietarios.

Si este tema te dejó con más preguntas que respuestas, estaré encantada de ayudarte. ¡No dudes en contactarme! Resolver problemas legales es mi especialidad… y evitar que lleguen a ser problemas también.