Un reciente fallo judicial en Madrid ha puesto en tela de juicio la legalidad de las multas de 200 euros que impone el Ayuntamiento por acceder indebidamente a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital.
La anulación de la multa se debe a que «no consta la correcta señalización de la zona», concediendo que si el ciudadano no está informado correctamente mediante las señales, el Ayuntamiento no le puede imponer la sanción. El juez ha dictaminado que esta infracción debería considerarse como leve, con una multa máxima de 100 euros, en lugar de grave como se venía haciendo hasta ahora, pero en este caso, al considerarse un error de la administración, el tribunal anula la multa completamente.
Esta decisión abre la puerta a la anulación de miles de sanciones impuestas desde marzo de 2022. La sentencia argumenta que la Ley no tipifica específicamente el acceso indebido a una ZBE como una falta grave, por lo que no se puede sancionar con 200 euros.
El caso que ha dado lugar a esta sentencia fue presentado por un conductor multado por acceder a la ZBE de Plaza Elíptica sin la etiqueta ambiental correspondiente. El conductor recurrió la multa y el juez le dio la razón, al considerar que la sanción de 200 euros era desproporcionada.
La Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que representó al conductor en este caso, recomienda a todos los afectados que recurran sus sanciones. Sin embargo, es importante tener en cuenta que recurrir una multa no garantiza su anulación, ya que la decisión final la tendrá un juez en cada caso.
La sentencia de Madrid podría tener repercusiones en otras ciudades españolas con ZBE, ya que la normativa de Tráfico es la misma en todo el país. Algunas asociaciones de automovilistas ya están pidiendo a los ayuntamientos que revisen sus ordenanzas para ajustarlas a la interpretación del juez madrileño.
En definitiva, este fallo judicial supone un importante revés para los ayuntamientos que gestionan ZBE, ya que podría reducir considerablemente los ingresos por multas. Además, abre un periodo de incertidumbre para los conductores, que podrían ver anuladas sus sanciones o tener que recurrirlas en un proceso costoso y sin garantías de éxito.
Más allá de las posibles anulaciones de multas, esta sentencia también pone de manifiesto la necesidad de una mayor claridad normativa en lo que respecta a las ZBE. La falta de una definición precisa de lo que se considera «acceso indebido» a una ZBE ha dado lugar a interpretaciones divergentes y a la posible aplicación de sanciones desproporcionadas.
Es de esperar que en los próximos meses se produzcan más pronunciamientos judiciales sobre este tema, lo que podría ayudar a aclarar el panorama y establecer una jurisprudencia más sólida. Mientras tanto, los ayuntamientos con ZBE deberían revisar sus ordenanzas y considerar la posibilidad de modificar las sanciones por incumplimiento de las restricciones de acceso.